PRESUPUESTO EDUCATIVO EL DEBATE QUE VIENE
PRESUPUESTO EDUCATIVO, EL DEBATE QUE VIENE
Eduardo Grajales
La educación está en semáforo rojo ante los severos embates de la pandemia, el piloteo de un nuevo marco curricular y en breve se avecina un nuevo debate que cimbrará nuevamente el entorno educativo, y es el que tiene que ver con el presupuesto que se asignará a educación el próximo año.
A juzgar de los especialistas las expectativas otra vez no son nada buenas, si se parte de la idea de que el presupuesto ha sido construido desde bases metodológicas cuestionables y en el marco de un contexto de inflación y recesión internacional.
Se habla, por ejemplo, de un desfase de casi un dos por ciento entre las perspectivas de crecimiento que establecen las calificadoras y la Secretaría de Hacienda, lo cual deja muchos cabos sueltos en el logro de los objetivos propuestos por la actual administración, ya en la recta final de su sexenio.
Desde esa perspectiva, existen las condiciones para que haya o por lo menos se anuncie un incremento vigoroso al presupuesto educativo, el normal de toda dinámica presupuestal que tiene a subir, sin embargo, no en proporción del crecimiento del sistema educativo y mucho menos a sus necesidades.
Empero, algo que cobra aún más posibilidades es que haya que hacer recortes presupuestales en el presupuesto federal a lo largo de 2023, pues la otra opción para cubrir todas las necesidades nacionales expresadas en el documento hacendario es el endeudamiento y eso en periodos electorales son altamente negativos para el partido en el poder.
Por tanto, una candidata natural para disminuirle recursos o bien asignárselos y no administrárselos -como se ha visto- es la educación, pues así ha quedado demostrado en los últimos ejercicios de este gobierno.
En 2021 hubo un recorte importante a programas gubernamentales fundamentales que hasta hoy se siguen debatiendo en los tribunales.
En 2022 hubo un presupuesto alto pero un sub ejercicio considerable que afectó, sobre todo a la capacitación magisterial y a la educación inicial, dos rubros supuestamente relevantes en la agenda gubernamental educativa.
Para 2023 el presupuesto educativo además de acarrear con dichos sesgos en su elaboración, no contempla presupuestos extraordinarios para programas emergentes de recuperación de clases o de contenidos perdidos en la etapa pandémica, mucho menos para recuperar la matrícula de más de 5 millones de estudiantes que desertaron del sistema educativo, y que al día de hoy no sabemos que fue de ellos.
Es importante por no decir urgente que la nueva secretaria de Educación demuestre su talante político y su capacidad de gestión ante el Presidente -mellada recientemente por un dislate en una entrevista televisiva- para lograr un presupuesto inclusivo, equitativo y diversificado, que esté en armonía con las hipótesis planteadas en el tercero constitucional y contribuya de verdad a lograr la “excelencia” educativa.
En fechas recientes, se ha criticado fuerte a la actual administración por el uso de programas educativos para la creación de clientelas, sobre todo en la base juvenil a través de becas que poco han demostrado su efectividad.
Por tanto, el inicio del cierre de gobierno y la llegada de la nueva titular a Educación son un buen pretexto para apretar el paso y hacer lo más que se pueda, de lo poco o nada que se ha hecho para la educación mexicana hasta ahora, si es que la 4T busca por lo menos tener un cierre interesante en la materia.
En tanto, como sociedad debemos de pugnar y vigilar porque no se sacrifiquen los cada vez más exiguos recursos educativos que permiten mantener a millones de maestros y estudiantes en las escuelas, y con ello garantizar el derecho a la educación y a la única oportunidad que los mexicanos aspiraremos a mejores oportunidades de vida, seamos neoliberales o transformacionistas.
