RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN EDUCATIVA
Eduardo Grajales

La tendencia en los sistemas educativos de calidad o excelencia tiene aspectos clave sin los cuales no se comprende su funcionamiento: una política educativa que descanse en una efectiva planeación-evaluación que va acorde al pensamiento del hombre moderno; un financiamiento sólido y transparente, que permite generar las condiciones adecuadas para todo integrante del sistema (infraestructura, capacitación, material didáctico, tecnología educativa, etcétera) y un magisterio actualizado en los nuevos paradigmas pedagógicos, que hace sinergia con padres de familia, iniciativa privada en beneficio del proceso formativo del estudiante, eje central del aparato educativo.
 
De esta manera estos mecanismos operan eficientemente hacia el logro de los objetivos trazados por la autoridad educativa que se convierte en la entidad que lidera la política educativa con la participación conjunta de los sectores involucrados. Dichos elementos se convierten en coadyuvantes al desarrollo nacional permitiendo grandes beneficios, particularmente a los sectores vulnerables.

Esto sucedió en México y Cuba durante sus periodos post revolucionarios, y recientemente en China que después de esta etapa ha logrado transformar su sistema educativo que le ha ayudado a consolidarse como una potencia mundial.

Otras naciones de primer mundo y en vías de desarrollo han comprendido que, sin una medición adecuada de sus logros educativos, sin una inversión superior a la establecida por organismos internacionales, y sin la participación de los actores sociales es poco el avance que se puede obtener.

Sabedoras de que, si estas condiciones no se dan, los resultados impactan negativamente en su economía (la educación está vinculada al sector laboral, industrial, científico, social) por lo que se han visto obligadas a romper los esquemas tradicionales con que venían operando, incluso a costa de conflictos políticos que ello les conllevó (como en Brasil, Chile y Túnez).

Estas naciones han pasado de discusiones bizantinas a debates vanguardistas como el uso de las tecnologías de la información en la educación, aplicación de modelos pedagógicos diferenciados, entre otros. Mientras que en México seguimos analizando las fronteras del sindicato en la educación, países como Japón o Finlandia hablan de escuelas virtuales, financiamiento público educativo mediante bauchers por desempeño, etcétera. 

Al igual que en México estos países tienen historias funestas (guerras nucleares, genocidios) que les ha permitido entender que ningún cambio profundo es sencillo, por el contrario, han comprendido que todo hecho histórico conlleva decisiones difíciles, complicaciones severas, algunas más violentas que otras, y viceversa. Justamente lo que aquí todavía no nos atrevemos o queremos comprender.

Desde que concluyó nuestra última revolución educativa promovida por Sierra, Vasconcelos y Bodet en el siglo pasado, entramos en una dinámica de retroceso económico potenciado en gran medida por la corrupción política emanada de un centralismo presidencial que dio vida a un corporativismo sindical que tanto ha dañado a la nación, entregándoles a estos sus entrañas como las paraestatales, y rubros de gran significancia como el educativo.

Desde que las organizaciones magisteriales se fueron apoderando de este rubro con la anuencia de los gobiernos priistas, entramos en un laberinto del que hasta ahora ningún gobierno del color que se trate ha podido salir. 

Seguimos en la falsa idea de que los cambios se darán solos, con la expectativa de que en algún momento se suscitarán las circunstancias ideales para que la escuela vuelva a ser de la sociedad, o apelando a la “sensibilidad política” y “el dialogo entre partes” con sus verdaderos dueños, y demás recursos retóricos que han servido para ocultar la catástrofe silenciosa que describiera Guevara Niebla. 

De esta manera, en los albores del segundo decenio del siglo XXI dicho poder bajo el trono ha sido capaz de desmantelar nuestra endeble arquitectura educativa, desvaneciendo pioneros mecanismos de evaluación, rompiendo los filtros necesarios para garantizar la transparencia en el otorgamiento de plazas magisteriales y promoviendo el retorno a un esquema que, comprobado esta, no solo fomentó la corrupción sino que los millones que requirió no se reflejaron en mejoras sustantivas a la calidad educativa (Carrera Magisterial).

Asimismo, obligaron al sistema educativo a dar pasos atrás al quitarle la oportunidad a todo profesionista de participar en los procesos de selección magisterial, que año con año les daba la misma posibilidad a los estudiantes de universidades públicas y privadas y a los normalistas de competir con sus conocimientos en un concurso netamente democrático.

En suma, podríamos advertir que estamos dando pasos incorrectos, arriesgándonos a la posibilidad de regresar a un pasado que nunca se fue, en el que la política educativa se dictaba desde las oficinas sindicales y se confeccionaba en función a los beneficios de líderes corporativistas que quizá nunca pisaron un aula, o si lo hicieron fue para hacerse doctos en estrategias subversivas contra el Estado.

Las concesiones que se han hecho a estos grupos que en varias ocasiones han puesto en vilo a la educación y a la gobernabilidad nacional, dejan ver la dificultad que tiene y tendrá todo gobierno que pretenda aspirar a operar un cambio verdadero, teniendo para ello que negociar con un sector que ha demostrado ser capaz de tirar cualquier iniciativa educativa, sea esta emanada de un modelo político de izquierda o de derecha.

En las últimas dos administraciones federales hemos sido testigos de la radicalidad de estos gremios que no representa a la totalidad de sus “agremiados”.

La anterior es el mejor ejemplo de un gobierno endeble y deslegitimado, que colapsó en su intento de modificar la administración educativa. Aunque cierto es que su estrategia no fue bien implementada su propuesta estableció por primera vez los mecanismos y filtros necesarios para recomponer los cruentos escenarios educativos, que allende a las estadísticas se reflejan en evidentes deficiencias del alumnado mexicano.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, representan bien esta situación, son lugares donde diversas expresiones sindicales se reparten los trozos de la escuela mexicana, controlando desde la asignación de plazas y la distribución de los docentes en sus zonas de adscripción hasta las formas de pago, prestaciones y demás procedimientos que por ley son facultad de la autoridad gubernamental.  

En el marco de los ajustes a la legislación educativa que estamos viviendo, bien valdría la pena que los legisladores y autoridades educativas reflexionen sobre lo que está en juego.
Mientras no haya una medida tajante pero enmarcada siempre en la legalidad que ponga un freno al lento pero efectivo avasallamiento de los sindicatos magisteriales jamás podrá gestarse los cambios de cualquier transformación.

Estamos en un momento coyuntural en el futuro de México, en donde todos tenemos la oportunidad de redefinir nuestra educación. O continuamos con el gatopardismo sexenal acostumbrado o le entramos al toro por los cuernos.